EDUCACIÓN INCLUSIVA: ¿UTOPÍA O REALIDAD?
Por el Mtro. Juan Pablo Mendoza Reyna
Director CAM “Jean Piaget” de Miguel Auza, Zac.
“La educación es un derecho fundamental de todas las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes mexicanos, si importar raza, sexo, ideología, preferencias sexuales, nivel económico, etc.”(1) En la actualidad las personas que presentan alguna peculiaridad significativa, representan un desafío para el sistema educativo nacional; porque implica entre otras cosas, eliminar barreras ideológicas, físicas, sociales, etc., que limitan la aceptación, el proceso enseñanza-aprendizaje, la oportunidad y participación plena e integral del estas personas.
Los principios básicos que deben orientar la política educativa para los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad, grupos sociales minoritarios, etnias, pobreza extrema, etc. son los mismos que orientan la política para cualquier niño. Estos principios están consagrados en los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos. El hecho de que los niños, las niñas y los adolescentes sean titulares de derechos, hace necesario implementar cambios legales, institucionales y culturales, para que estos sean efectivamente respetados y puedan ser exigidos.
La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, además de un espacio de inclusión, donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales; se aprenda a respetar y valorar a todos, buscando la mayor calidad y pertinencia educativa para lograr una plena participación. Nada puede ser más beneficioso para la formación de nuestros alumnos que educarlos en una escuela que da cavidad y tolera la diversidad en su interior; la escuela debe ser el espacio privilegiado, en que todos aprendemos a convivir con los otros, donde cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje, reconociendo, aceptando y atendiendo a todos los alumnos sin importar peculiaridades o distinción alguna.
Para garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar las condiciones básicas de funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos, materiales y didácticos, de forma que puedan atender la diversidad del alumnado, es fundamental establecer mecanismos que beneficien al los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, detectar carencias y debilidades al interior de la Institución educativa.
El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y de las políticas educativas, en el funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles de relación de los distintos actores que van a permitir atender y dar respuesta a la diversidad de todos los alumnos.
No debemos de olvidar que la inclusión reconoce y atiende al individuo como tal, respeta y promueve sus derechos y obligaciones, se compromete y apropia al mismo como parte de un grupo educativo y social.
La escuela inclusiva, diseña, imparte, enriquece curriculas, contempla y considera las características culturales, ideológicas, políticas, religiosas, etc., comprometiéndose y ocupándose de las peculiaridades e intereses del alumnado. Responde a las necesidades de una sociedad democrática, compleja, tecnificada, compensa desigualdades, favorece al desarrollo de las capacidades de cada alumno. Crea comunidades de aprendizaje que faciliten y propicien un aprendizaje colaborativo, significativo y permanente.
Promueve y practica valores; no condiciona ni mucho menos etiqueta o segrega, innova prácticas y estrategias. El docente asume un rol de facilitador de apoyos y promueve los aprendizajes cooperativos. Impera una cultura de educación basada en un marco de calidad, equidad, justicia y pertinencia, que obedecen más que a un derecho establecido en una constitución o declaraciones, a una convicción por desarrollar prácticas inclusivas.
La condición más importante para el desarrollo de una educación inclusiva, es que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular, tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Donde estas, perciba la inclusión y la atención a la diversidad mas que una utopía, como un proceso de una meta posible de alcanzar: creando culturas, elaborando políticas y desarrollando prácticas inclusivas.
(1) Art. 3ro. De la Constitución Mexicana.
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